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Los enfermos mentales no interesan a nadie.

La odisea burocrática de conseguir una ayuda. M.S.V. tiene documentada cada queja, cada solicitud, cada informe de la lucha que viene manteniendo en los últimos nueve años con las administraciones para conseguir un apoyo. Sus esfuerzos son vanos y asegura que “ya no puede más”.

M.S.V. no da su nombre completo porque tiene miedo. Tiene miedo de su hermano o, mejor dicho, de la enfermedad que transforma a su hermano en un ser a ratos violento, a ratos apático y siempre en su contra. Hace casi diez años que a su hermano le diagnosticaron un trastorno límite de personalidad (TLP). Desde entonces, M. no ha parado de luchar.

M.S.V. tiene miedo y está cansada de luchar contra la administración, de llamar a todas partes para que alguien la ayude. Ib-Salut, Asuntos Sociales (del Govern y del ayuntamiento de Palma), Consell de Mallorca, jueces… ya no sabe dónde acudir.

Su hermano forma parte de ese gran grupo de personas que padece algún trastorno mental grave como puede ser un TLP, un trastorno bipolar o una esquizofrenia, cualquier trastorno que tenga un carácter crónico y que suponga el deterioro de la persona y de sus relaciones. En muchos casos, no son considerados ni discapacitados ni incapacitados ni dependientes, aunque muchos tengan episodios violentos, algunos no puedan tener un trabajo y llevar una “vida normal”, aunque su familia viva pendiente de qué hacen.

El TLP es una gran desconocida, a pesar de ser la enfermedad mental más frecuente. “Hace nueve años hizo crack”, dice M. haciendo un gesto junto a su cabeza. “Antes hacía una vida normal, ahora lleva dos años sin hacer nada”. Por el TLP, su hermano permaneció quince días en el psiquiátrico tras un episodio “muy violento”. Luego acudió a la Unidad de Salud Mental de su pueblo, donde en un principio la terapia le iba bien, pero le cambiaron el psiquiatra. Si su hermano la excluía a ella de la terapia, el nuevo psiquiatra le decía a M. que “no podía hacer nada”. Si él decidía dejar de tomar la medicación, el nuevo psiquiatra repetía que “no podía hacer nada”.

Y aquí aparece la primera contradicción con la que se topan los familiares. Según expone el jefe del área de Salud Mental de Gesma, el doctor César Azpeleta, la ley dice que se puede obligar a alguien a ingresar en un centro hospitalario por haber tenido una actitud violenta fruto de algún trastorno, pero no contempla que se pueda obligar a alguien a tomar determinada medicación si no está ingresado.

En un momento de la conversación con M., las lágrimas aparecen en sus ojos. Esta mujer vela no sólo por su hermano, sino también por su padre, que padece Parkinson y “es como un bebé”, y por su madre, también dependiente. A sus 53 años, M. tiene demasiadas cargas sobre sus espaldas y la frustración le vence al no encontrar ayuda en las instituciones, que ni siquiera le facilitan los informes médicos de su hermano al considerar que ella “no es nadie” para solicitarlos, según le dijo la defensora de los derechos del paciente.

A su hermano se le reconoció que no podía trabajar y por ello percibe una pensión de 600 euros. Ésa ha sido la única batalla ganada. El juez le ha denegado la incapacitación y tampoco ha conseguido beneficiarse de la ley de Dependencia. “La dependencia de aquí”, explica señalándose de nuevo la cabeza, “no la buscan, y es casi peor”. M. no pide mucho: “Una terapia que le ayude a razonar”.

Según una guía emitida por la conselleria de Asuntos Sociales, entre los derechos de los familiares cuidadores está “el de buscar soluciones que se ajusten razonablemente a nuestras necesidades y a la de las personas que queremos”. También está “el derecho a ser tratado con respeto por las personas a las cuales solicitamos ayuda y consejo”. A M. no se le han respetado estos derechos.

Desde Asuntos Sociales, y aunque psicólogos y psiquiatras sí reconocen como dependientes a las personas con trastornos mentales graves, admiten que éstos se quedan fuera de la ley de promoción de la autonomía, cuyos criterios de valoración se centran en cuestiones físicas: miran si pueden llevarse la cuchara a la boca, pero no comprueban que quizás no comerían si alguien no les pusiera el plato en la mesa o que quizás no se moverían del sofá si alguien no les animara o que, en muchos casos, no tomarían la medicación si no les controlaran.

La presidenta de la Asociación para el Desarrollo e Integración de las Personas con Esquizofrenia, Mª Teresa Calderay, es una veterana luchadora en esto de buscar ayudas. Llegó incluso a visitar al Príncipe Felipe hace ya más de diez años. Ahora ya está bastante desencantada y cuando salió la ley de Dependencia no se hizo “ninguna ilusión”. “Ya sabíamos que no contarían con nosotros, nadie cuenta con nosotros”.

Desde Asuntos Sociales reconocen que existe “un vacío” respecto a estas personas. No les beneficia ni la ley de Dependencia ni la de Discapacidad. Lo saben y, por ello, aseguran, han creado una comisión técnica junto a la conselleria de Salud para estudiar las necesidades de este colectivo.

A los familiares les cuesta creer estas promesas. Hartas y con motivo del Día Internacional de la Salud Mental, que se celebró ayer, varias familias se han unido y celebrarán una manifestación en las Ramblas el próximo viernes día 16 para pedir ayudas, más plazas residenciales, cursos de formación y planes de inserción laboral.

Luisa Ortega es una de las impulsoras de la protesta. Sólo con estar cinco minutos a su lado, uno puede darse cuenta del estado nervioso de esta mujer que tiembla continuamente, que no puede parar de morderse las uñas y que tiene que tomar pastillas para poder dormir por las noches. Su estado es fruto de la situación familiar a la que se enfrenta ella sola: su marido y sus dos hijos son esquizofrénicos.

Su esposo sabe lo que le pasa, toma la medicación y se mantiene estable, pero con sus hijos la situación es crítica, hasta tal punto que esta semana les declararon incapacitados y Luisa cedió su tutela a la fundación Aldaba.

Su hija Tamara, de 27 años, no acepta su situación. No toma las pastillas ni va al psiquiatra. Tiene que vivir en un piso aparte porque con su padre “era imposible”. Luisa, la única de la casa que trabaja, tiene que pagarle el alquiler. Tanto ella como su hermano Marino, de 29 años, han protagonizado episodios violentos y han acabado en el cuartelillo. Luisa no sabe qué hacer.

“No hace nada y cada día se deteriora más”, lamenta: “Ya ha intentando suicidarse dos veces”, añade nerviosa. Marino estuvo un tiempo en uno de los poco pisos tutelados del Govern, pero allí “no se preocupaban por él”. “Estaba todo el día por la calle y llegaba bebido y había consumido drogas. Para eso lo cuido mejor yo en casa”, narra Luisa. Ya no sabe adónde acudir, porque todo el mundo “se pasa la pelota”. Ha ido a ver a psiquiatras, al ayuntamiento de su pueblo, a Asuntos Sociales e incluso ha llamado a la puerta del cura de su barrio. Igual que M., siempre recibe la fatídica respuesta: “Si él no quiere, no podemos hacer nada”.

Josep Serra está junto a Luisa y escucha impresionado su relato. Aclara enseguida que el caso de su hijo, también diagnosticado de esquizofrenia, no es ni de lejos tan grave. Tuvo un brote hace unos años y Josep tuvo que volver a la isla e instalarse a vivir con él. Ahora, su hijo ya ha asumido su situación, sabe lo que le pasa, se toma la medicación, va a clase. Y es que, como ocurre con todas las dolencias, los trastornos mentales varían mucho según la persona.

“En el centro de Son Gibert te dicen que no pueden hacer más”, dice Josep, haciendo referencia a una de las dos residencias que Gesma gestiona en Palma para las personas con trastornos mentales. En total, hay 69 plazas residenciales en la isla. En 2007, la lista de espera fue de 82 personas. El doctor Azpeleta reconoce que las plazas “se quedan cortas” y que los recursos “nunca son suficientes”, más aún teniendo en cuenta la duda que acecha a muchos padres: “¿Qué será de él cuando no estemos?”

Azpeleta indica que poco a poco se va avanzando y explica que se está estudiando hacer otro centro residencial en Manacor. El pasado jueves, sin ir más lejos, el conseller Thomàs inauguró en este municipio una nueva Unidad Comunitaria de Rehabilitación para impartir talleres terapéuticos, pero para Josep, Luisa y M. no es suficiente. Como dice Josep: “los enfermos mentales parece que no son cosa de nadie, no interesan a nadie”.

Palma de Mallorca, Baleares. 11/10/2009. AUTORA: Mar Ferragut. FUENTE: DiariodeMallorca.es

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