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Tratado sobre los Derechos de los Discapacitados

Informe Extraoficial

Existen siete tratados reconocidos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que
protegen los derechos de mujeres, niños, trabajadores migratorios y otros, pero hasta que el
Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor el 3 de mayo de
2008, no había habido un tratado global específico que atendiera las necesidades de las personas
con discapacidades, las cuales conforman la minoría más grande del mundo.
Mientras que muchos sostenían que los tratados existentes se aplicaban a las personas con
discapacidad al igual que a las demás, resultaba claro que sin un tratado que fuera legalmente
vinculante y que explicara sus derechos detalladamente, las personas con discapacidad se
enfrentaban con el ser legalmente “invisibles” en sus sociedades e incluso en el escenario
internacional. El resultado ha sido que las personas con discapacidad siguen enfrentando
obstáculos serios y prácticas discriminatorias en sus vidas cotidianas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 650 millones de
personas en el mundo, es decir, aproximadamente el 10 por ciento de la población mundial total,
sufren de diversas formas de discapacidad. El ochenta por ciento de las personas con
discapacidad, es decir más de 400 millones de personas, viven en países pobres, que son los
menos preparados para atender sus necesidades. En todo el mundo, las personas con
discapacidad siguen enfrentándose a obstáculos en su participación en la sociedad, y a niveles
inferiores de vida.
Cuando se incluye a los familiares inmediatos, el número de personas afectadas por alguna
discapacidad suma más de mil millones. Esto resulta particularmente importante ya que las
discapacidades son un factor que contribuye a la pobreza, a un acceso limitado a la educación y
la salud, a la exclusión y discriminación tanto para las personas con discapacidad como para sus
familias.
El propósito del Convenio, según se estipula en el Artículo 1, es “promover, proteger y
garantizar que todas las personas con alguna discapacidad disfruten totalmente y de la misma
manera de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y que se fomente el respeto a
su dignidad inherente”.
El Convenio marca un cambio importante en la forma como las sociedades consideran a las
personas con discapacidad y la persona es el elemento clave en la toma de decisiones sobre su
propia vida. Convierte a las personas con discapacidad en “tenedores de derechos” y en “sujetos
de derecho”, con la participación total en la formulación e implementación de planes y políticas
que les afecten.
La Discapacidad es un problema creado por la sociedad
El Convenio va más allá de las cuestiones sobre el acceso al entorno físico, a problemas más
amplios sobre igualdad y a la eliminación de las barreras legales y sociales, hasta la
participación, las oportunidades sociales, la salud, la educación, el empleo y el desarrollo
personal.
Los Estados que ratifiquen el Convenio están obligados legalmente a tratar a las personas con
discapacidad no sólo como víctimas o miembros de una minoría, sino como sujetos de derecho
que tienen derechos claramente definidos. Tendrán que adaptar su legislación a las normas
internacionales que se estipulen en el tratado.
El Convenio promueve las normas de derechos humanos y su aplicación desde una “perspectiva
de la discapacidad”, fomentando la igualdad de ciudadanía después de una larga historia de
discriminación.
El tratado considera la discapacidad como el resultado de la interacción entre un ambiente
inaccesible y una persona, más que como un atributo inherente a un individuo. Reemplaza el
antiguo “modelo médico” de la discapacidad por un modelo social y de derechos humanos que se
basa en el hecho de que la sociedad es la que “inhabilita” a las personas con discapacidad para
que ejerzan sus derechos humanos como ciudadanos.
Este enfoque refleja la perspectiva social que asume la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la OMS, que considera la discapacidad como una experiencia universal
humana y no como una preocupación de una minoría: todo ser humano puede sufrir de la
pérdida de la salud y experimentar alguna discapacidad.
El Convenio establece normas globales respecto a los derechos de los discapacitados
La población global de personas con discapacidad está aumentando, declara la OMS. El
aumento de la población, los avances en la medicina y el envejecimiento de la población mundial
contribuyen a este crecimiento. En los países que tienen expectativa de vida de más de 70 años,
los individuos pasan en promedio alrededor de 8 años, es decir 11.5 por ciento de su vida útil,
con alguna discapacidad.
Muchos países aún no tienen leyes sobre la discapacidad. De acuerdo con la Unión
Interparlamentaria, sólo una tercera parte de los países cuenta con leyes específicas contra la
discriminación y en materia de discapacidad. El Convenio instará a los gobiernos a que creen
leyes o que mejoren las actuales para que estén a la altura de los estándares que determine.
El Convenio tiene muchas otras ventajas. Proporciona normas legales aceptadas globalmente en
cuanto a los derechos de los discapacitados; esclarece el contenido de los principios de los
derechos humanos y su aplicación a la situación de las personas con discapacidad; ofrece un
punto de referencia fidedigno y global para las leyes y normas nacionales; proporciona
mecanismos eficaces de monitoreo que incluyen la supervisión por parte de un grupo de expertos
e información sobre lo que los gobiernos y las ONG lleven a cabo; ofrece una norma de
evaluación y logros, y establece un marco de referencia para la cooperación internacional.
También ayuda a orientar a la opinión pública conforme los países consideren la ratificación.
El tratado reconoce los derechos de reproducción y es el primer tratado de derechos humanos
universales que menciona la salud sexual y reproductiva. Los estudios demuestran que es tres
veces más probable que las personas con discapacidad sean víctimas de abuso físico o sexual y
que están en mayor riesgo de contraer VIH/SIDA.
Hubo organizaciones de personas con discapacidad que participaron plenamente en las
negociaciones y que tuvieron un impacto significativo en la redacción del Convenio. El tratado
provee la creación de estructuras nacionales independientes que se hagan responsables de su
implementación y monitoreo. Las personas con discapacidad y representantes de organizaciones
de discapacitados serán miembros de dichas entidades.
Las personas con discapacidad tienen facultades
Para los países que ratifiquen el Protocolo Facultativo del Convenio, un grupo de expertos podrá
considerar las denuncias de individuos y grupos respecto a la implementación inadecuada del
tratado, una vez que se hayan agotado todos los procedimientos nacionales de recurso.
El Convenio ofrece a las personas con discapacidad una poderosa herramienta. “La simple
existencia del Convenio da a las personas con discapacidad y a sus organizaciones la facultad
para que le digan a sus gobiernos, ‘Ustedes han aceptado estas obligaciones’ e insistir en que las
cumplan”, declaró Don MacKay, Presidente del comité que redactó el tratado.
.
Sin embargo, para llevar a cabo los derechos que el Convenio consagra, es necesario que haya
un cambio fundamental de actitud. “La discapacidad”, declara el Convenio, “es el resultado de
la interacción entre personas con impedimentos y con obstáculos de actitud y en el entorno que
dificultan su participación plena y efectiva dentro de la sociedad”. Será necesario que cambien
las actitudes hacia las personas con discapacidad para lograr que los objetivos del Convenio se
conviertan en realidad.
“Sólo es cuestión de sobreponerse a las percepciones negativas”, dice Chris Sullivan, uno de los
vicepresidentes de Merrill Lynch, que nació con una deficiencia auditiva. “Debemos fijarnos en
la persona y no en la discapacidad. Eso exige que todos hagamos un enorme cambio en nuestra
percepción”.
Para más información, visite http://www.un.org/disabilities o comuníquese al Departamento de
Información Pública de las Naciones Unidas, al correo electrónico: mediainfo@un.org.
Publicado por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas — DPI/2507B – Mayo de 2008

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